Cuando se habla de Personas Políticamente Expuestas (PEP), no necesariamente se refiere a personas que han cometido delitos. Sin embargo, sí se habla de personas que, por su cargo, posición o influencia, se consideran predispuestas a cometer delitos como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Por esta razón, las instituciones financieras están obligadas a Identificar a las PEP, esta obligación obedece regulaciones tanto nacionales como internacionales. En caso de no tomar las medidas necesarias, la institución puede ganarse una (nada grata) sanción.
Las personas políticamente expuestas se dividen entre el sector público, el sector privado, y familiares cercanos. Los cargos, puestos o parentesco considerados son:
En México, la ley encargada de regular la identificación de PEP es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Las instituciones tienen que aplicar mecanismos muy meticulosos y precisos en pos de obtener información suficiente de sus clientes. Específicamente, el artículo 15, establece que las instituciones financieras están obligadas a identificar a sus clientes y usuarios.
Así mismo la Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 98, indica la obligación de Instituciones de crédito para recabar datos de sus clientes para verificar su identidad.
“Las instituciones de crédito estarán obligadas a recabar los datos de su clientela, relativos a su identificación y domicilio, de conformidad con las disposiciones que al efecto dicte la Comisión Nacional Bancaria”
Otra obligación que se estipula tanto en la LFPIORPI, como en la Ley de Instituciones de Crédito es conservar, por al menos 10 años, la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios, incluso de quienes lo hayan sido. Por eso es muy importante hacer una correcta recolección y almacenamiento de datos.
El artículo 18 indica que cualquier entidad que realice “Actividades Vulnerables” está obligada a verificar la identidad de sus clientes a través de credenciales o documentación oficial.
La LFPIORPI utiliza el concepto “Actividades Vulnerables”, para describir aquellas actividades sobre las que recae esta ley. Estas actividades, a grandes rasgos, se pueden resumir de la siguiente manera:
Si quieres ver la lista completa y detallada, te invitamos a revisar el artículo 17 de la LFPIORPI.
Ya mencionamos el artículo 15 de la LFPIORPI. Es momento de decir que cualquier institución financiera que no cumpla con las obligaciones de ese artículo, puede ser sancionada por órganos desconcentrados de la SHCP, facultados para supervisar el cumplimiento de dichas obligaciones. En otros territorios, la SHCP, según el artículo 53, sí sanciona directamente a instituciones que incumplan con obligaciones del artículo 18, que también ya mencionamos. Esta sanción es una multa equivalente a doscientos y hasta dos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
En caso de incumplimiento a la Ley de Instituciones de Crédito, se puede obtener una sanción de prisión de siete a quince años, y una multa de quinientas a cincuenta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
No sólo eso, el artículo 115, indica que las instituciones de crédito que han sido sancionadas por lo anterior, pueden ser obligadas por la SHCP a:
Además de la obligación que supone para las instituciones, reconocer a las personas políticamente expuestas y las sanciones que representa, también puede influir directamente en su reputación.
Por ejemplo, en el año 2012, HSBC recibió una multa record, y vaya record, de ¡1,900 millones de dólares! Esta multa fue impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC) y adivina por qué… Exacto. Por incumplimiento de identificación y verificación de Personas Políticamente Expuestas. Una manera muy suave de decir que prácticamente las autoridades Estadounidenses le acusaron de posibilitar el lavado de dinero.
Un caso más reciente, en 2022, el portal Expansión informó que Scotiabank recibió nueve multas, que juntas equivalen a 3.5 millones de pesos. ¿El motivo? Incumplir con medidas para prevenir el lavado de dinero.
Dirigir una institución financiera es un trabajo apasionante. La salud de una institución depende de sus buenas prácticas y mantenerse a la vanguardia tecnológica para cumplir de forma más rápida y sencilla con sus obligaciones.
Quieres conocer una manera sencilla y práctica de reconocer a personas políticamente expuestas. las listas negras son la solución.
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